¡Qué difícil es saber la verdad! Por Malú Kikuchi

Argentinos y uruguayos hemos decidido no entendernos, situación muy difícil de entender. Nos hermana una historia común, hablamos el mismo idioma, compartimos la pasión por el tango y el fútbol, las banderas tienen idénticos colores y todo personaje sobresaliente pasa a ser "rioplatense". ¿Qué nos pasa? Nos pasan las plantas de celulosa, la española Ence y la finlandesa Botnia. Nos pasa una inversión de 1.800 millones de dólares, la posibilidad de contaminación por acumulación y una serie de malos entendidos. Esperemos que sean sólo malos entendidos y que detrás no existan actos de mala fe por parte de ninguno de los dos países.

Desde 1975, existe el Estatuto del Río Uruguay, que es un tratado internacional mayormente dedicado al cuidado de la calidad de las aguas del río que compartimos. Según la Argentina, Uruguay autorizó a Ence la construcción de su planta, sin consultarnos (9/10/03). Lo que violaría el Estatuto del Río Uruguay. Ence, lo mismo que Botnia, se instalará en Fray Bentos, sobre el río y frente a nuestra ciudad de Gualeguaychú.

La Argentina sostiene que las plantas afectarán el medio ambiente, la calidad del agua y el aire. Uruguay sostiene que las firmas a instalarse usarán tecnología adecuada y eliminarán la contaminación, que será debidamente remediada. La Argentina sostiene que reiteradamente acudió a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay, ente binacional) exigiendo un estudio de impacto ambiental previo, sin conseguir respuestas. Suspendieron las reuniones de la CARU. Comenzaron las negociaciones a nivel cancilleres en marzo de 2004. Sostiene la Argentina, a través de su actual canciller, Jorge Taiana, que el ex canciller, hoy diputado nacional Rafael Bielsa, "aceptó de buena fe la promesa que su par uruguayo le hizo respecto de la información que aportaría el Uruguay a fin que se pudiera establecer el impacto ambiental de la planta proyectada. Sobre la base de esta promesa, ambos cancilleres consideraron útil que la CARU auspiciara un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en el río Uruguay para el caso de que se instalara una planta de celulosa. Esta es la naturaleza del mal calificado 'acuerdo' de principios de 2004, que, como señal a los señores diputados, por errores de las comunicaciones internas entre las áreas gubernamentales competentes, no fue correctamente transmitida al jefe del Gabinete de Ministros. Pero estos incidentes burocráticos no deben confundir la cuestión central. Si hubiese existido un acuerdo, hoy no deberíamos estar haciendo esta presentación" (Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Senado de la Nación, 14/2/06). El ministro termina su exposición diciendo: "Nuestra voluntad de diálogo tiene, sin embargo, un límite. Un límite que, ante la continuada negativa del Uruguay a cumplir con sus obligaciones internacionales, nos obliga a plantearnos el recurso al mecanismo apropiado para la solución pacífica de controversias de esta naturaleza, la Corte Internacional de Justicia".

Sostiene el Uruguay, a través de un informe que eleva el canciller Reinaldo Gargano al presidente Tabaré Vázquez: "Retomadas las reuniones de la CARU, luego de una reunión de los cancilleres que puso fin al entredicho, el Acta 1/4 de fecha 15 de mayo 2004 culminó con coincidencias generales de las dos delegaciones, de las cuales se destaca: II) En fecha 2 de marzo de 2004, los cancilleres de Argentina y Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de acción que se dará al tema, esto es facilitar por parte del gobierno uruguayo la información relativa a la construcción de la planta y, en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo por parte de CARU de la calidad de las aguas conforme a su Estatuto."

Agrega Gargano en el informe a su presidente: "En la Memoria Anual del Estado de la Nación 2004 (Argentina), presentada por el presidente Kirchner al Congreso de la Nación, reza así: en el mes de marzo, Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo bilateral, poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este acuerdo respeta la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU". Sigue el informe del canciller Gargano: "El 14 de abril de 2004, el canciller Bielsa declaró ante la Cámara de Diputados: Respecto de M'Bopicuá (Ence), el acuerdo que suscribimos con el Uruguay [...] la Argentina va a tener una posibilidad de monitoreo, que no es un tema trivial [...]. Uruguay, en su carácter de país verde, es el sexto país en protección del medio ambiente a nivel mundial y tiene muy en cuenta estas preocupaciones [...]. Luego de un largo proceso, la Argentina y Uruguay llegaron a este acuerdo".

Y agrega el informe del jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, ante el Congreso Argentino citando: "En junio de ese mismo año (2004), se firmó un acuerdo bilateral por el que el gobierno argentino puso fin a la controversia. Se trata de un acuerdo que respeta, por un lado, el carácter nacional uruguayo de la obra y, por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a través de la CARU." En el extenso informe de Gargano al presidente Vázquez, insiste, dando fechas, en que el Uruguay contestó los pedidos de aclaraciones hechos por la Argentina ante la CARU.

Los dos países se han abroquelado en posiciones aparentemente irreductibles. El diálogo se ve imposibilitado por la rigidez de las dos partes; la Argentina exige la detención de las obras para sentarse a hablar, el Uruguay exige el cese de los cortes de los puentes internacionales para dialogar. Iniciar obras que pueden afectar la calidad ambiental de los dos países sin consultar a uno de ellos viola acuerdos internacionales. Cortar un puente internacional es un delito. La Argentina niega haber firmado un acuerdo que, dadas las informaciones con que se cuenta, parece haber existido. El Uruguay asegura haber contestado las preguntas pertinentes al posible impacto ambiental de las plantas; la Argentina lo niega. ¿Es realmente tan difícil averiguar quién dice la verdad? Como en todas las cosas, la verdad tiene varias facetas, depende desde dónde se la mire. Pero si se firmó o no un acuerdo, ese es un hecho que no admite facetas. Más allá de "errores burocráticos" en los que se vieron afectados e inducidos a error el jefe de Gabinete de Ministros y hasta el presidente de la Argentina, ¿se firmó el acuerdo o no se firmó el acuerdo?

El resto de los problemas, si los uruguayos contestaron o no las preguntas argentinas, si los niveles de contaminación que emitirán las plantas serán aceptables o no, si el Uruguay respetó el Estatuto de 1975 y consultó a la Argentina antes de autorizar las plantas o no lo hizo, son más que graves. Pero si uno de los dos países miente con respecto a algo tan simple de comprobar, como si se firmó o no un acuerdo, la escalada de intolerancia de que ambos hacen gala hoy no augura un final feliz.

Y la voluntad de diálogo entre hermanos no debe tener límites.

Malú Kikuchi.
(Diario, La Nueva Provincia)