Hay una necesidad urgente, por Malú Kikuchi

Había una vez, allá lejos y hace tiempo, una república que respetaba los contratos.

En esa república, que ya no existe, las personas que trabajaron a lo largo de sus vidas, fueron obligadas, sin tener derecho a oponerse, a dar una importante parte de sus haberes al Estado, con la promesa de recuperarlos en un lejano futuro.



Ese fue el acuerdo, un acuerdo impuesto por el Estado. Las personas, obligadas a cumplir, estuvieran de acuerdo o no, cumplieron. Cumplieron compulsivamente. A cambio, creyeron que el Estado cumpliría con su parte del trato.




El trato tiene nombre, se llama ley nº 24241 y es del 23 de septiembre de 1993. Pero éste es el último nombre de una larga serie de nombres, es la última ley de una larga serie de leyes que vienen desde los principios del siglo XX. Las primeras leyes de jubilación, de extracción socialista (Alfredo Palacios 1880 a 1965 ) fueron las de los ferroviarios, 20/06/1915; la de las empresas particulares, 11/02/1921; la de los bancarios, 9/10/1923. Una larga historia, una historia, por ahora, sin final feliz.



¿Qué quiere decir “jubilación”? Según el diccionario es la acción y efecto de jubilarse, viene del latín “iubilum”, que a su vez quiere decir: viva alegría que se manifiesta especialmente con signos exteriores. Derivada de “jubileo”, fiesta pública israelita que se celebraba cada 50 años. Esa fue la idea en un principio, ¡una fiesta después del trabajo! El resultado hoy, es otro muy diferente. La fiesta, no está.

Las jubilaciones en la Argentina han pasado por diversas etapas, buenas, regulares y malas. Las malas son muchas, demasiadas. Y sin entrar a hacer un estudio sobre la bondad o conveniencia del sistema de jubilaciones en sí, el hecho es que existe y es compulsivo. El resultado termina siendo deplorable para las mayorías.



La mitad de la población jubilada cobra el haber mínimo, hoy elevado a $470. La otra mitad, ésa que cobra por encima del mínimo, en su mayoría no ha recibido aumentos desde hace 14 años. Y reciben una mayor jubilación porque aportaron más. La terrible devaluación del 2001 golpeó fuerte a los jubilados y la recomposición del poder adquisitivo de los mismos se está tomando demasiado tiempo. Tiempo es lo que no les sobra a los jubilados.

Los juicios que los jubilados le hacen al Estado desbordan los tribunales. Uno de ellos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Corte, en el caso de Adolfo Valentín Badaro, no sólo confirmó la obligación de parte del Estado de aumentar la jubilación (los fallos anteriores de las Cámaras ordenaron ajustes que van del 35% al 45% de los haberes entre enero 2002 a julio 2005), sino que le exigió al Poder Legislativo una norma para restablecer el principio de movilidad en las jubilaciones.




Desde que se dio a conocer el fallo de la Corte, las consultoras económicas afines al gobierno y las no tan afines, trabajan calculando cuanto le costará al Estado cumplir con lo que debe cumplir. Dicen que si le aumentan a todos los que ganan más de la mínima y con retroactividad, eso equivale a la suma del superavit primario; dicen que si le aumentan sólo a los que reciben más de $1.000 entonces el pago se reduce a $4.000 millones o sea medio punto del PBI. Dicen que si.... o que si..., pero todo para el presupuesto del 2007. Y dicen todo lo que dicen en agosto 2006.... para empezar a pensar en pagar recién, con suerte, en el 2007..



Pasa todo al presupuesto del 2007. Porque la división de poderes republicana no permite que un Poder interfiera en otro Poder ¡¡¡!!! Por lo menos eso dice la Constitución Nacional. El Ejecutivo no puede ordenarle al Legislativo que trate el tema de las jubilaciones sin demora. ¡El Ejecutivo nunca, pero nunca, presiona al Legislativo para conseguir algo que le interesa! ¿O si? Lo hizo con el Consejo de la Magistratura, lo hizo con los Superpoderes, lo hizo con los Decretos de Necesidad y Urgencia.




El Presidente Kirchner es el presidente que más DNU ha firmado y sólo el 10% de ellos revestían una cierta necesidad y una cierta urgencia. Los jubilados tienen una necesidad urgente. No pueden esperar. ¿No podría el Presidente usar sus superpoderes económicos, el deslumbrante superavit fiscal, la recomposición casi milagrosa de las reservas y con un DNU, esta vez justificado, resolver el problema de los jubilados?




Si no es para resolver los problemas de las personas, ¿para qué acumula tanto poder? Si fuera un Presidente apegado a las normas constitucionales, aún así, se justificaría un DNU a favor de los jubilados después del fallo de la Corte. Pero parece que en este caso todo pasa al Congreso y para el 2007. Para el gobierno los jubilados no son necesarios ni tienen urgencias.



El pequeño, insignificante problema, es que el tiempo es un bien escaso y no renovable. Ahora que el Estado se ha convertido en fanático defensor del medio ambiente -de las pasteras en más-, es un hecho que no debe desconocer. Los jubilados no tienen tiempo. El Estado está en deuda. Una deuda más, pero esta es imperativa y tiene plazo fijo. ¿O los jubilados tienen que esperar hasta un mes antes de las elecciones? Los jubilados que puedan esperar, que desgraciadamente, no serán todos.

No sea que dentro de un tiempo se cuente un cuento que empiece diciendo: “había una vez un país que se había quedado sin jubilados ....”



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