Chile manejo deficiente del conflicto estudiantil, por Andrés Benavente Urbina
Más allá de los aspectos corporativos de las demandas y del consiguiente conflicto planteado por los estudiantes secundarios, lo que cabe evaluar desde una perspectiva más amplia es el manejo de crisis que ha tenido el gobierno en la materia, en cuanto ello puede proyectarse a otros escenarios de eventuales conflictos. Aquí efectivamente pueden medirse los niveles de coherencia y consistencia gubernativa, cuestión que además es pertinente a un análisis de riesgo político.
Se ha dicho de manera reiterada que los problemas básicos del conflicto estudiantil existían desde hacía largo tiempo. Uno de ellos, muy de fondo, es la mala calidad de la educación pública, aspecto que tiene un impacto directo sobre el perfil de competitividad del país. En un plano más contingente, varios de los problemas puntuales habían sido objeto de negociación entre los estudiantes y el ministerio de educación el año pasado, de lo cual las nuevas autoridades – al parecer - no estaban enteradas.
La primera falla del gobierno de Bachelet, en un análisis de manejo de crisis, es que no tuvo capacidad de identificar las señales anticipatorias del conflicto que venían mostrándose desde abril. Lo más próximo a ello es lo que ha reconocido el ministro Zaldívar: suponer que en mayo “como es costumbre” habrían movilizaciones.
En mayo uno de los debates en el gobierno y en la Concertación era qué se hacía con los ingresos extraordinarios derivados del mayor precio del cobre. La ministra de Defensa Nacional propuso que Chile otorgara créditos blandos a países pobres como Haití, recibiendo una dura respuesta del ministro de Hacienda por entrometerse en temas que no eran de su competencia. El senador Camilo Escalona, por su parte, proponía que, con criterio de inversión en buena vecindad, se ayudara económicamente a Bolivia. Los problemas educacionales estuvieron completamente ausentes del debate. Incluso, en el mensaje presidencial del 21 de mayo, la presidenta Bachelet no incluyó en su larga lista de financiamientos específicos ninguna de las demandas de corto plazo que formulan los estudiantes y a las cuales hubo de referirse después acogiéndolas parcialmente para otorgarles recursos.
Una segunda falla es la improvisación que manifiesta el gobierno cuando el conflicto se explicita y debe asumir un rol ante él. Primero lo subestima y piensa que se agotará en movilizaciones acotadas. Para nada se evalúo su intensidad ni la potencialidad de adhesiones que adquiriría a muy corto plazo.
Después, cuando ya no es posible subestimarlo, el gobierno sigue mostrando un comportamiento errático que le hace perder la iniciativa en el curso del conflicto. Muestra una gran incoherencia al asumir una estrategia negociadora expresada en dos contradicciones: quién es el interlocutor que el Ejecutivo coloca como cabeza del diálogo, pasando del ministro a la subsecretaria y luego otra vez al ministro; y la validación de las movilizaciones como herramienta de presión, donde lo único permanente era el constante cambio de opinión del ministro de Educación.
Una tercera falla es el alcance del discurso presidencial referido. Bachelet habla en medio de las negociaciones cuando aún estaba pendiente una reunión en que el ministro Zilic daría respuesta al petitorio estudiantil. Al anticiparse, la mandataria entrega dos señales: desautoriza a su secretario de Educación en el ámbito de las negociaciones y aparece como contestataria frente a la amenaza de extensión del paro, con lo cual transmite el mensaje de que el suyo es un gobierno que está dispuesto a ceder a las presiones cuando las movilizaciones se agudizan. Claramente no es una buena señal económica porque incentiva el populismo, ni tampoco es una buena señal política porque deja ver que no hay una buena capacidad de mantener la gobernabilidad en medio de conflictos que escalan en intensidad.
El país ha presenciado la evolución de un conflicto social en un ambiente de estabilidad económica y de holgura presupuestaria. Pese a eso, la autoridad ha actuado liviana e improvisadamente. La inquietud que surge es cómo se actuaría en la hipótesis de un escenario de desaceleración económica donde no haya disponibilidad de recursos para atender las demandas y presiones.
Andrés Benavente Urbina. Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.
Se ha dicho de manera reiterada que los problemas básicos del conflicto estudiantil existían desde hacía largo tiempo. Uno de ellos, muy de fondo, es la mala calidad de la educación pública, aspecto que tiene un impacto directo sobre el perfil de competitividad del país. En un plano más contingente, varios de los problemas puntuales habían sido objeto de negociación entre los estudiantes y el ministerio de educación el año pasado, de lo cual las nuevas autoridades – al parecer - no estaban enteradas.
La primera falla del gobierno de Bachelet, en un análisis de manejo de crisis, es que no tuvo capacidad de identificar las señales anticipatorias del conflicto que venían mostrándose desde abril. Lo más próximo a ello es lo que ha reconocido el ministro Zaldívar: suponer que en mayo “como es costumbre” habrían movilizaciones.
En mayo uno de los debates en el gobierno y en la Concertación era qué se hacía con los ingresos extraordinarios derivados del mayor precio del cobre. La ministra de Defensa Nacional propuso que Chile otorgara créditos blandos a países pobres como Haití, recibiendo una dura respuesta del ministro de Hacienda por entrometerse en temas que no eran de su competencia. El senador Camilo Escalona, por su parte, proponía que, con criterio de inversión en buena vecindad, se ayudara económicamente a Bolivia. Los problemas educacionales estuvieron completamente ausentes del debate. Incluso, en el mensaje presidencial del 21 de mayo, la presidenta Bachelet no incluyó en su larga lista de financiamientos específicos ninguna de las demandas de corto plazo que formulan los estudiantes y a las cuales hubo de referirse después acogiéndolas parcialmente para otorgarles recursos.
Una segunda falla es la improvisación que manifiesta el gobierno cuando el conflicto se explicita y debe asumir un rol ante él. Primero lo subestima y piensa que se agotará en movilizaciones acotadas. Para nada se evalúo su intensidad ni la potencialidad de adhesiones que adquiriría a muy corto plazo.
Después, cuando ya no es posible subestimarlo, el gobierno sigue mostrando un comportamiento errático que le hace perder la iniciativa en el curso del conflicto. Muestra una gran incoherencia al asumir una estrategia negociadora expresada en dos contradicciones: quién es el interlocutor que el Ejecutivo coloca como cabeza del diálogo, pasando del ministro a la subsecretaria y luego otra vez al ministro; y la validación de las movilizaciones como herramienta de presión, donde lo único permanente era el constante cambio de opinión del ministro de Educación.
Una tercera falla es el alcance del discurso presidencial referido. Bachelet habla en medio de las negociaciones cuando aún estaba pendiente una reunión en que el ministro Zilic daría respuesta al petitorio estudiantil. Al anticiparse, la mandataria entrega dos señales: desautoriza a su secretario de Educación en el ámbito de las negociaciones y aparece como contestataria frente a la amenaza de extensión del paro, con lo cual transmite el mensaje de que el suyo es un gobierno que está dispuesto a ceder a las presiones cuando las movilizaciones se agudizan. Claramente no es una buena señal económica porque incentiva el populismo, ni tampoco es una buena señal política porque deja ver que no hay una buena capacidad de mantener la gobernabilidad en medio de conflictos que escalan en intensidad.
El país ha presenciado la evolución de un conflicto social en un ambiente de estabilidad económica y de holgura presupuestaria. Pese a eso, la autoridad ha actuado liviana e improvisadamente. La inquietud que surge es cómo se actuaría en la hipótesis de un escenario de desaceleración económica donde no haya disponibilidad de recursos para atender las demandas y presiones.
Andrés Benavente Urbina. Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.
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