Más poder ¿para qué? Por Malú Kikuchi

Aprovechando la distracción generada por el partido entre Argentina y Alemania, con los ojos de la ciudadanía fijos en Berlín, el Presidente de la Nación envió al Congreso un peligrosísimo proyecto de ley. El proyecto consiste simplemente en burlar, una vez más, la Constitución Nacional.

Se intenta sustituir el artículo 37 de la ley 24.156 de administración financiera de 1992, para “disponer las reestructuraciones que considere necesarias dentro del total aprobado para cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades”.


Traducción al argentino básico: sin cambiar el monto total del presupuesto, el Jefe de Gabinete, es decir el Presidente, tiene libertad para gastar la plata de la Nación como mejor le parezca. O sea que, de aprobarse la ley, el Presidente puede darle dinero a una provincia amiga y negárselo a otra que no lo es, ayudar económicamente a los que lo apoyan y condenar económicamente a los que no. Si se aprueba la ley, el Presidente se convierte, legalmente, con la ayuda del Congreso, en un monarca absoluto del siglo XVII.


¿Qué dice la Constitución Nacional al respecto? El artículo 29 (Derechos y Garantías) establece que: “El Congreso NO PUEDE CONCEDER AL EJECUTIVO NACIONAL [...], facultades extraordinarias [...]. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Y en el capítulo IV, Atribuciones del Congreso, el artículo 75, inciso 8, dice que: “Fijar anualmente [...], el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y APROBAR O DESECHAR LA CUENTA DE INVERSIÓN”. La Constitución es indiscutiblemente clara y no se presta a fantasiosas interpretaciones en cuanto a la delegación de poderes del Congreso hacia el Ejecutivo.


Del actual Poder Ejecutivo, el Pueblo de la Nación puede esperar “variaciones subjetivas” de la Constitución, el Pueblo de la Nación está acostumbrado a que suceda. ¿También tiene el Pueblo que someterse a un Congreso que no defiende sus intereses y privilegia los intereses del Ejecutivo?


Existe un viejo dicho español que dice que, “ante el vicio de pedir, la virtud de no dar”. De este Ejecutivo puede esperarse la voluntad permanente de ignorar, en beneficio propio, la Constitución, ¿qué hay que esperar de los miembros del Congreso? ¿Representan al Pueblo o representan al Presidente?


El Ejecutivo pide y manda la pelota al campo del Congreso, ahora la decisión la tienen los congresistas. Se sabe que todo el arco opositor votará en contra de estos inverosímiles superpoderes a perpetuidad, pero, ¿qué harán los diputados y senadores del partido del gobierno y sus simpatizantes? Acá no se trata de quedar bien o mal con el Ejecutivo, acá se trata de la supervivencia de la República, que ya está gravemente herida.


Los diputados y senadores nacionales, al asumir sus bancas, juraron por la Constitución Nacional, juraron cumplirla y hacerla cumplir. A la hora de votar, ¿lo harán de acuerdo a lo que juraron cumplir o de acuerdo a intereses partidarios, o a intereses particulares, o por temor a futuras sanciones, o por miedo a carpetas personales o simplemente por no caer en desgracia con el Jefe de Gabinete y el Presidente de la Nación?


Cuando se vote esta reforma habrá que exigir que se lo haga de forma nominal. Cada diputado y cada senador deberá hacer constar su nombre y si el voto ha sido afirmativo o negativo. El Pueblo de la Nación y la historia merecen saber quién traicionó a la Constitución y quien no. El Pueblo de la Nación tiene el derecho y los congresistas tienen la obligación de dar a conocer su comportamiento. Si el Congreso privilegia los intereses del Presidente por sobre la Constitución, esperemos que la Patria se lo demande.


Los ciudadanos, no los meros habitantes que pagan impuestos, los ciudadanos deberán tener memoria y saber en el futuro por quien votan y por quienes no lo harán nunca más. Esta vez no es un problema partidario, esta vez no se trata de apoyar o no al Presidente, esta vez se trata de traicionar o no los dictados de la Constitución Nacional. Esta vez se trata de respetar la división de poderes republicana o derogar con un voto mayoritario la función más importante del Congreso, el control del presupuesto nacional.


Esta vez se trata de darle o no poderes absolutos (que según el diccionario son iguales al despotismo) a un Presidente que acumula más y más prerrogativas, no se sabe para qué. Cabe pensar que acumula más poder para no tener que rendir cuentas, para tener las manos libres y hacer y deshacer a su antojo, para hacer realidad el sueño de Luis XIV, “el estado soy yo”.


¿Qué hará el Congreso? Y mientras los ciudadanos esperan la decisión del Congreso de votar a conciencia o someterse al Ejecutivo, los argentinos pueden recurrir al Ombudsman y al artículo 43 de la Constitución. El artículo 86 de la CN dice que: “la misión del Defensor del Pueblo es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados por la CN”.


Los ciudadanos deben recurrir al Defensor del Pueblo para que éste cumpla con la función que se le ha encomendado, la de defender al Pueblo y deben recurrir también al artículo 43, Nuevos Derechos y Garantías, donde se establece que: “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo”.


La Argentina ha sido eliminada del Mundial. Los ciudadanos han dejado la distracción en Alemania. Ya no hay pretextos, se sabe que el Ejecutivo quiere acabar de una buena vez con los restos de la República, convirtiendo al Presidente en un dictador; los ciudadanos tienen armas legales para impedir que esto suceda.


Edmund Burke decía que “para que la maldad triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada”. La pasividad de los buenos ha permitido todas las dictaduras, atrocidades y aberraciones de este mundo.


No hay que permitir que este proyecto de ley se haga realidad. La Patria y las generaciones futuras, nos lo demandarán.


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