¡Garantista soy yo! Por Malú Kikuchi

Dicen que guardan, por dos años en un cajón, el polémico proyecto de reforma del Código Penal. No dicen que lo desechan, no dicen que lo tiran a la basura por ir en contra de lo que exige la gente, dicen que lo dejan para discutir más adelante.

Ese “dicen que para más adelante”, traducido, quiere decir que insistirán cuando los tiempos de la sociedad sean propicios, cuando los ciudadanos estén distraídos con alguna otra cosa, y entonces, volverán a la carga. No se bajan del proyecto, lo posponen. Y el proyecto sigue ahí, amenazando a las personas de bien, esperando el turno de atacar a la sociedad en su conjunto.

El proyecto de reforma del Código Penal, dirigido por el Dr. Alejandro Slokar, Secretario de Política Criminal de la Nación, secretaría que forma parte del Ministerio de Justicia, dependiente del Ejecutivo Nacional, propone todo aquello que los ciudadanos comunes ... rechazan.

El proyecto de reforma se especializa en: eliminar, reducir y desaparecer, los crímenes, las penas y los delitos. (Información que se encuentra en la carta enviada por el Ingeniero Juan Carlos Blumberg al Jefe de Gabinete, Dr. Alberto Fernández.) “Se reduce la pena en el robo con armas. Se reduce la pena en el delito de extorsión. Se elimina la pena de reclusión. Se elimina la reincidencia. Se elimina el delito de secuestro extorsivo. Se reduce la pena por violación. Se elimina la violación por vía bucal. Se elimina el delito de corrupción de menores. Desaparece el agravante por la comisión de delito cometido con menores. Se elimina el homicidio agravado por el vínculo. Se eliminan los delitos de asociación ilícita.....” Y así, casi hasta el hartazgo.

El Ingeniero Blumberg hace hincapié en las 5.545.000 firmas de ciudadanos “que pusieron en evidencia una voluntad mayoritaria que se encuentra en las antípodas de esta filosofía”. Este proyecto ni siquiera está de acuerdo con la primera ley que propuso el Ejecutivo al Legislativo. El Presidente Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003, el 28, tres días después, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz llevó personalmente a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar cuatro artículos del Código Penal de forma tal que se agravaran las penas por secuestro. Diputados aprobó la modificación, una semana después lo hizo el Senado y la ley antisecuestros Nº 25.742 fue promulgada el 19 de junio de 2003, la primera ley de la actual administración.

La 25.742 aumentó las penas mínimas en un 60%, de 5 a 8 años y las penas máximas en un 150%, de 10 a 25 años (información Senador Rodolfo Terragno). En estos tres años de gobierno, ¿ha cambiado tanto el pensamiento del Presidente con respecto al Código penal? ¿O la ideología está muy por encima del sentido común? Las personas, los ciudadanos que votan, exigen la defensa a la vida, a la propiedad y a la libertad. Con proyectos como el del Dr. Slokar, lo que se defiende es la vida, la propiedad ¿¿?? y la libertad ... de los delincuentes.

Se dice que el Dr. Slokar ha sido el alumno predilecto del Dr. Zaffaroni, hoy Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es más, se dice que el alumno dejó muy atrás, en cuanto a filosofía penal, a su maestro. Y se llaman a si mismos, garantistas. Según el diccionario de la Real Academia, garantía (palabra de origen francogermano) es: acción y efecto de afianzar lo estipulado. En la acepción garantías constitucionales, dice que son los derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos sus ciudadanos.

Este proyecto de reforma, sólo pospuesta, propone una reforma totalmente a contramano de lo que quiere la gente. El tema es saber si a alguien le importa lo que quiere la gente. La proyectada reforma, pospuesta, perdón por la insistencia, pero hay que tener en cuenta que no ha sido desechada, descaradamente protege a los delincuentes y desampara a los ciudadanos de bien. Baja penas, deroga delitos, propone aberraciones jurídicas proyectadas en un laboratorio de ideas absolutamente teóricas, fuera de la realidad.

Teorías que no se aplican en ningún lugar del mundo y que, de aplicarse en la Argentina, dejaría indefensas a las víctimas y premiaría a los victimarios. Esto no es una reforma garantista. Garantistas son aquellos que creen en la Constitución Nacional. Garantistas en derecho penal son aquellos que creen que hasta el peor sujeto, el que haya cometido el más monstruoso de los delitos, tiene garantías constitucionales que le aseguran, la mejor defensa posible, el debido proceso y un juicio justo.

Los que deliran con esta reforma –no alegrarse demasiado y estar atentos, que sólo ha sido pospuesta- son lisa y llanamente, abolicionistas. Los abolicionistas creen que el delincuente es la víctima de una sociedad injusta y esta por lo tanto tiene que hacerse cargo del delito. Abolir, de acuerdo con el diccionario (del latín) es, “derogar, dejar sin fuerza ni vigor para en adelante un precepto o costumbre”.

Desde el punto de vista de un abolicionista, exagerando, se podría visualizar a la víctima de un asesinato. Tirada en el suelo, agonizando, a pesar de todo tiene el tiempo suficiente para dirigirse a su victimario y pedirle perdón por formar parte de una sociedad que ha llevado al asesino a su calidad de tal. O sea, “Señor asesino, perdóneme Usted, ya que por mi culpa social yo he hecho de Usted un asesino”. Y muere. Como morirían las garantías constitucionales de aprobarse esta reforma del Código Penal.

El derecho penal es indispensable en una sociedad organizada. El sentido común, también. La Constitución Nacional ya tiene establecidas las garantías de las que gozan todos los ciudadanos y los habitantes de la Argentina. ¿Qué más? Simplemente hacer cumplir con lo ya existente. Es lo que pide la sociedad. Sería bueno para el gobierno recordar que la sociedad, esta sociedad Argentina, tan vapuleada, expoliada, insegura, inerme ante la delincuencia, aparentemente débil, es la que realmente detenta el poder. Es la que vota o no a los presidentes, es la que opta por un gobierno o por otro. Es la que elige. En última instancia, la que decide es la gente. A pesar de los abolicionistas que creen en la maldad implícita de la sociedad, la sociedad buena o mala, decide. La sociedad tiene la última palabra.

Y yo, me declaro garantista.

Adhiero a todas las garantías constitucionales. Y porque adhiero a la Constitución Nacional, no creo en el abolicionismo penal.

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